La Asociación Campesina para el
Desarrollo del Alto Sinú “ASODECAS”
NIT: 900.802.199-3
“Unidos
por la Vida, la Dignidad, la Tenencia de la Tierra y la Permanencia en el
Territorio”
Integrante de ANZORC – MARCHA PATRIOTICA – COCCAM
Consecutivo: 001/2019
Emite
DENUNCIA PÚBLICA
Julio
12 del 2019, 11:40 a.m.
En
el Alto Sinú, se levantan minas ilegales de carbón a cielo abierto ante la
mirada tolerante de las autoridades civiles y militares; es una animadversión
del espíritu del acuerdo para la Paz y fin de conflicto firmado por el Estado Colombiano
y las extintas FARC.
ANTECEDENTES:
ASODECAS como organización
campesina, promotora y defensora de Derechos Humanos (DDHH) que desde el 11 de
septiembre del 2012, con incidencia social, comunitaria y organizativa en el
Alto Sinú nos erigimos legalmente para reivindicar a los campesinos y
campesinas; hemos realizado diversas
actividades y acciones en pro de la lucha social campesina, entre ellas, el 26
y 27 de abril del 2013, seis meses después de habernos fundado realizamos la
ACCIÓN HUMANITARIA por “el derecho a la vida, la dignidad, la tenencia de la
tierra y la permanencia en el territorio” en el corregimiento de Crucito del
municipio de Tierralta. Los dos días de trabajo, permitieron producir con más
de 1.500 (ANEXO LINK DEL INFORME). Participamos activamente del Paro Nacional
Agrario iniciado en agosto de 2013; entre 2014 y 2015 apoyamos la negociación
para ponerle fin al conflicto armado en Colombia mediante la negociación entre
el Estado Colombiano y las hoy extintas FARC; siendo consecuentes con lo
anterior, desde la firma del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ. ESTABLE Y DURADERA en el teatro colon de Bogotá,
hemos estado inmersos en su implementación territorial como campesinos y
campesinas aportando nuestros esfuerzos
para así lograr el objetivo, la Paz con justicia social e integral.
El corregimiento el diamante, del
municipio de Tierralta Córdoba, por muchas décadas fue bastión militar de las
extintas FARC, durante todos esos años anteriores, no hubo avistamiento alguno
de explotación de minas o yacimientos de carbón; creemos era un política de
este grupo armado no permitir que se realizaran estas prácticas, legales o
ilegales.
Los Corregimientos Palmira y el Diamante,
del municipio de Tierralta Córdoba, sus veredas y territorios circunvecinos fueron
abandonados por las FARC al pre agruparse en el PPT del corregimiento Crucito y
luego al PTN de la vereda gallo; cumpliendo con lo Acordado en el Punto 3 y 6
del Acuerdo Final; en su salida, estas zonas fueron tomadas por lo que hoy se
denomina AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia).
HECHOS:
Existe una mina ilegal de explotación de carbón a cielo abierto en la vereda
la chica del corregimiento Palmira de Tierralta Córdoba, que presumimos es de
control del nuevo actor armado irregular que domina estos territorios, pese a
que se han hecho las denuncias ante las autoridades competentes del
departamento de Córdoba, la operatividad de la misma continua causando daños
graves, irreparables al ecosistema, a la fauna silvestre, flora, pero en
especial a las fuentes hídricas que nacen dentro del parque nacional nudo del
paramillo y que son por supuesto el caudal que continua camino para bañar a los
pueblos del bajo sinú, centro y sabanas.
Esta mina
ilegal de explotación de carbón a cielo abierto que esta al cuidado de actores armados ilegales, se ha
convertido no solo en un fenómeno de daño ambiental monstruoso, sino que puesto
en riesgo la vida misma de los campesinos y campesinas, tanto por los daños
ambientales que causa, como por la presión que el actor armado ilegal ejerce
contra la población civil. Este atroz crimen ambiental, que pone en riesgo la
Vida e integridad y malogra la dignidad
de los campesinos y campesinas lo denunciamos con vehemencia.
No se puede permitir por el estado
Colombiano en cabeza del Presidente Iván Duque que las zonas dejadas por las
FARC se conviertan en fortín para los negocios que derivan en rentas ilegales
para actores armados irregulares y en ese sentido que las autoridades civiles y
militares de orden regional, departamental y del municipio de Tierralta no
hagan absolutamente nada para conjurar estos hechos violatorios de los Derechos
Humanos y que pone en riesgo los liderazgos comunales y comunitarios y por
supuesto de nuestra Organización Campesina.
EXIGIMOS:
1. A la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en
especial la delegada ambiental y asuntos agrarios: Iniciar una investigación
disciplinaria a quien tenga responsabilidad directa sobre la vigilancia y
control de este tipo de hechos violatorios de los Derechos Humanos. En
consecuencia por supuesto de las Directivas 002 del 14 de junio del 2017, 001
del 7 de febrero del 2019 y 007
del 11 de junio del 2019.
2. A la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el
marco de la funcionalidad de la Unidad
Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y
conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan
contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos
políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la
implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del
paramilitarismo y sus redes de apoyo, creada mediante el Decreto 898 del 29 de
mayo del 2017 para que cumpla con lo consignado en dicho Decreto pro desnudar
las acciones punibles que ejercen actores armados ilegales con atención a lo
narrado en los hechos de esta denuncia.
3. A la COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD,
cuyo objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en
materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales
responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as derechos
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten
contra las personas que participen en la implementación los Acuerdos y
construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido
denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, creada por
el Decreto 154 del 3 de febrero del 2017 que cumpla con la misión que debe
ejercer y ponga la lupa de manera inmediata con acciones que de verdad
confronten y del solución al problema de fondo y causante del asesinato y
crecimiento de acciones delictivas que hoy ejercen grupos armados en el Alto
Sinú.
REQUERIMOS:
1. A la DEFENSORÍA DEL PUEBLO Colombiano para
que en el marco de: El INFORME DE RIESGO 037-16, de inminencia del 23 de
noviembre del 2016, el INFORME DE RIESGO 029-17 del 5 de julio del 2017, la
ALERTA TEMPRANA DE INMINENCIA 005-18 del 14 de enero del 2018 y la ALERTA
TEMPRANA 083-18 del 25 de noviembre del
2018 requieran a la CIPRAT para que en el marco de esto con las instancias e
instituciones del Colombiano se atienda de manera urgente lo relatado en los
hechos arriba expuestos.
2. Al MINISTERIO DEL INTERIOR para que en el
marco de la Circular Externa CIR17-1-DMI-1000 del 2017 para Gobernadores,
Alcaldes y Comandantes de departamentos de policía se den reales garantías,
reconocimiento, respeto y garantías a la labor de los integrantes y
organizaciones de la Marcha Patriótica como es por supuesto
nuestra Asociación.
SOLICITAMOS:
A la comunidad Nacional e Internacional,
en especial a la la II Misión de Observación de la ONU en Colombia, a la
oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, a la Misión
de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la MAPP-OEA; en ese mismo sentido a
las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, el acompañamiento y apoyo
ante esta vulneración de los derechos humanos que concurrieron en la relatoría
de estos hechos, a difundir públicamente esta DENUNCIA PÚBLICA 001/2019 y en caso de respuestas, compulsar copias
al correo: ddhh.asodecas@gmail.com
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado Colombiano, en cabeza del
presidente Iván Duque Márquez quien
tiene la responsabilidad primaria de protección de los derechos humanos; sobre
Él recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los
tratados y Convenios Internacionales, al ser éste el sujeto responsable de
velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el,
quien adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario ante la comunidad internacional. Por tal razón, su
mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos
y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar
a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de
carácter administrativo o político que impida que hechos lesivos de la vida, la
libertad, la integridad, la seguridad y las afectaciones a la convivencia
contra comunidades y organizaciones en los territorios, sus líderes, lideresas,
dirigentes, representantes, activistas y defensores de derechos humanos en los
territorios del Alto Sinú.
DIRIGIDO A:
PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
Doctor Fernando Carrillo Flórez,
Procurador General de la Nación
Dirección: Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C.,
Colombia
DEFENSORÍA
DEL PUEBLO DE COLOMBIA
Doctor Carlos Alfonso Negret Mosquera,
Defensor del Pueblo Colombia
Dirección: Cra. 9 No 16- 21- Bogotá D.C.
MINISTERIO
DEL INTERIOR
Doctora Nancy Patricia Gutiérrez
Castañeda, Ministra del Interior de Colombia
Dirección: Sede Principal La Giralda:
Carrera 8 No. 7 – 83 Bogotá, D.C.
FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
Doctor Fabio Espitia Garzón, Fiscal
General de la Nación (e)
Dirección: Nivel Central - Bogotá, D.C.
Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)
DOCTORES:
Francisco
Roberto Barbosa Delgado
Consejero Presidencial para los Derechos
Humanos y Asuntos Internacionales
Emilio
José Archila Peñalosa
Alto Consejero para el Posconflicto
Miguel
Ceballos Arévalo
Alto Comisionado para la Paz
Karen
Abudinen Abuchaibe
Alta Consejera Presidencial para las
Regiones
Rafael
Guarín
Consejero Presidencial de Seguridad
Nacional
